Consejo de Ministros
19/05/2020
• El texto articula la respuesta país al
desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y
herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los
ecosistemas• En un contexto de reactivación de la
economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche
las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización
de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de
atracción de inversiones• Es un proyecto necesario para articular
el resto de políticas y medidas. Debe servir de marco institucional, de
referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y
privados, y a movilizar la acción climática• Se trata de un texto ampliamente
participado, que da respuesta, por un lado, a las demandas generales de la
sociedad ante la respuesta a la emergencia climática, y por otro, a las
sugerencias y alegaciones que se han ido recibiendo en su proceso de
elaboración
A propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha
remitido a las Cortes, hoy, martes 19 de mayo, el primer proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la
tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España
alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el
criterio científico y las demandas de la ciudadanía.
Ante la emergencia climática, España fija
por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo
supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave
para la agenda climática y el Acuerdo de París. Con ello, España se alinea con
el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y
responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su
ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. De esta manera, España
favorecerá que Europa siga impulsando, como lo hace desde 1990, la necesaria
acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible, en la
transición global hacia una economía neutra en carbono a través del marco
multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
El objetivo final de la ley es que España
alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir,
antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de
efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley
que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que
obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo,
y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la
neutralidad en 2050. De igual modo, el Gobierno da respuesta a la
petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría
absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en
todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de
2050.
El proyecto de ley articula la respuesta
transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es
especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible,
justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances
logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la
competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.
En un contexto de reactivación de la
economía frente al COVID-19, el proyecto facilita las señales adecuadas para
aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía,
de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones
que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los
límites del planeta. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno
de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.
La ley tiene como objeto facilitar que la
economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en
un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas
de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de
un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule
instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y
pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la
biodiversidad.
El PLCCTE incorpora a todos los sectores
económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas
a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las
administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo
de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad
climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a
la economía baja en carbono, que ya está en marcha.
“Este texto sitúa la lucha contra el
cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las
Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con
nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de
prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta
cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera.
“En un momento en el que tenemos que
abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética
se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad
económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que
necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo. Hemos identificado los
objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta,
contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos
positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden
empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un
marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en
un momento en el que es más necesario que nunca”, ha añadido.
El texto consta de 36 artículos
distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública
y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones
del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia
Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones.
OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
El texto fija los siguientes objetivos,
que solo podrán ser revisados al alza:
- Determina, por primera vez, que España
deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. - Antes de mitad de siglo, el sistema
eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.- Para ello, en 2030, las emisiones del
conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto
al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que
se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el
55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.- Al finalizar la próxima década, como
mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En
el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al
menos un 70%.- Las medidas de eficiencia energética
tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.
HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Los objetivos del PLCCTE se implementarán
a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El
primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que
permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la
presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final,
hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará
hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.
Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la
transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en
los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización
de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la
fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en
torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre
los 16.500 y los 25.700 millones de euros.
Además de con los sucesivos PNIEC, la
senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a
Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos
instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para
reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio
Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se
plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias,
instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha
contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la
participación de los agentes sociales y económicos, y del público.
Además, a partir del 31 de diciembre de
2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación
de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en
vigor.
RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE
REACTIVACIÓN
La eficiencia energética y la progresiva
penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen
palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan
la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además,
los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el
resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e
industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez,
empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.
El proyecto incorpora medidas para
facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a
los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de
almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la
implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la
demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100%
renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y
España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.
De igual modo, se instituye la figura del
agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo
diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores,
productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de
negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo
o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
Para favorecer la flexibilidad del
sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas
tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles
solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la
energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya
concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.
También se contempla la repotenciación de
las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la
máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso
del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e
impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales
hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para
producir electricidad en dominio público hidráulico.
NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES
Con el objeto de acompasar la
introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno
desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en
el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se
ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los
consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas
energías, que son la fuente más barata.
El nuevo marco retributivo se otorgará
mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica,
la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se
ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir
entre distintas tecnologías de generación en función de sus características
técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez
tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía
descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.
En la misma línea, el PLCCTE determina
que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías
renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación
anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética.
Por otro lado, los agentes claves para el
funcionamiento del sistema energético
-operador del mercado, operador del
sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de
descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y
anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el
Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos
(CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y
oportunidades de la descarbonización.
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En cuanto a la eficiencia energética, las
principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética
de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es
un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto,
el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de
fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo
para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.
Para atraer recursos hacia las acciones
de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo
previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia
Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los
últimos cinco años.
HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
El sector de la movilidad y el transporte
está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de
liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades
que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto
plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación
industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.
En este sentido, el conjunto de las
Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades
autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050
un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de
CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas
necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos,
excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos
comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde
del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa
consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la
penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.
Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de
las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello
la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire
mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de
ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las
emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de
bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los
desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la
mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá
impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte
eléctricos privados.
El proyecto concreta que cualquier medida
que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá
contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en
materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las
comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al
cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de
promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito
territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la
normativa comunitaria.
PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA
Para activar la descarbonización de la
movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el
sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las
oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo
de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio
nacional.
En este sentido, el PLCCTE programa, con
la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones
de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10%
de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en
las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la
instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en
intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al
residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de
veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con
lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.
Además, el Gobierno habilitará un Punto
de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.
En cuanto al transporte aéreo, el
proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de
biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros
combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte
marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones
directas en los puertos de competencia del Estado para 2050. Para ello, se promoverán medidas de
impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el
desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas
en el transporte marítimo, entre otras.
DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE
ORIGEN FÓSIL
El PLCCTE fomenta, a través de planes
específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el
hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una
prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos
beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar
debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a
la inexistencia de alternativas tecnológicas.
El texto habilita al Consejo de Ministros
a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando
a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de
situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda
de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o
procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.
Por otro lado, a partir de la entrada en
vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración,
permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo
el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de
alto volumen, el ‘fracking’.
En cuanto a las instalaciones en activo,
cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un
informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la
ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de
energías renovables.
RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
El proyecto establece que un porcentaje
de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los
objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad
será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la
Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.
Los ingresos procedentes de las subastas
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados
para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En
concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes
del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el
30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones
provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas
con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
De igual modo, y como parte de la
movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán
criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General
del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en
inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.
Como herramienta de aprendizaje y
transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE
dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y
reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a
los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las
entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de
su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir
de 2023.
En este mismo sentido, el Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un
informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español
derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido
al Congreso de los Diputados.
CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO
La adaptación a los impactos del cambio
climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de
un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo,
a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en
información pública, se implementará un sistema de indicadores para
evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes
sectores.
Además, el PLCCTE establece que se
trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la
planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras
del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la
seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política
agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la
sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la
neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la
vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de
los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de
vulnerabilidad.
Por otro lado, las Administraciones
Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores
públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el
aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente
claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor
de desarrollo y generación de empleo.
Por último, se prevén medidas para la
protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la
elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas
para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres
españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los
mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del
agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en
España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y
responder a los nuevos escenarios climáticos.
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE
ATRÁS
La transición a una economía
descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de
empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición
justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y
cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa
con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su
marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el
objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio,
especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras
cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con
objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO
El sistema educativo español reforzará el
conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades
técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se
revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la
educación formal y no formal, y se impulsará la formación del
profesorado.
Al tiempo, el Gobierno promoverá que las
universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de
estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas
formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la
capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad
medioambiental y del cambio climático.
Por otro lado, se promoverá una
financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación,
desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se
incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA
Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo
de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de
gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un Comité de
Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter
independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las
políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas.
Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados
y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.
Documentos
LEY DEL CLIMA
